1. Definición de violencia
Al momento de encontrar el significado
de la violencia, Gushiken, Costa,
Romero y Privat (2010) aclaran que:
La
violencia es la forma extrema en la que los individuos o los colectivos
intentan resolver sus conflictos; y el homicidio, su modo de expresión suprema.
Se calcula que, en el 2000, 1,6 millones de personas perdieron la vida en todo
el mundo como producto de la violencia, lo que representa una tasa de casi 28,8
por 100.000 (…); en la actualidad, la violencia constituye una de las
principales causas de muerte. Aproximadamente la mitad de estos fallecimientos
se debieron a suicidios; casi una tercera parte, a homicidios; y alrededor de
una quinta parte, a conflictos armados. (p.13).
2. Institutos
y Autoridades encargados de velar por la seguridad
2.1 Introducción:
Costa
y Romero (2010) afirman:
La constitución de la seguridad
ciudadana es un servicio municipal, que se brinda con la cooperación de la Policía
Nacional. En efecto, el artículo 195 inicial estableció que << La ley
regula la cooperación de la Policía Nacional con las municipalidades en materia
de seguridad ciudadana >>. Esta es la primera y única mención a la
seguridad ciudadana en la historia constitucional de la República. Nueve años
después, este artículo fue modificado por la Ley 27680, de marzo del 2002, que
hace más explícitas las atribuciones de los municipios en seguridad ciudadana.
(p.25).
2.2 Estructura:
“La
arquitectura del gobierno de la seguridad ciudadana contempla la existencia de
un consejo nacional en su cúspide, y de comités regionales, provinciales y
distritales”. (Costa y Romero, 2010, p. 26).
2.2.1 El Consejo
Nacional de seguridad ciudadana:
Las
investigaciones presentadas por Costa y Romero (2010) sostienen que:
El consejo Nacional de Seguridad
Ciudadana es el responsable del desarrollo y fortalecimiento del sistema, a
través del diseño de los grandes lineamientos de política pública, que se
plasman en un plan nacional que se formula anualmente. Además, supervisa el
funcionamiento de los comités en los distintos niveles de gobierno, asegura el
compromiso de las instituciones que los integran y formula propuestas
legislativas que son canalizadas a través del Poder Ejecutivo, entre otros.
Es presidido por el ministerio del
Interior e integrado por los miembros de Justicia, Educación, Salud y Economía
y Finanzas, así como por las más altas autoridades de las instituciones
encargadas de la seguridad y justicia. Entre ellas se incluye a un
representante de la Corte Suprema de Justicia, al fiscal de la Nación y al
defensor del Pueblo, así como al director general de la Policía Nacional y al
presidente del Instituto Nacional Penitenciario. También integran el Consejo el
alcalde metropolitano de Lima, dos presidentes regionales y los alcaldes de las
dos provincias capitales de región con mayor número de electores. Finalmente,
el Consejo se completa con dos representantes de los gremios que agrupan a las
empresas de seguridad privada. El Consejo Nacional está facultado para invitar
a sus sesiones a representantes de diferentes instituciones públicas y
privadas, de acuerdo con los temas por tratar. El Consejo cuenta con una
Secretaría Técnica, que es su órgano técnico, ejecutivo y de coordinación, y
que depende del Ministerio del Interior. Esta secretaría regula el
funcionamiento de las secretarías técnicas de los comités regionales, provinciales
y distritales, que son nombradas por estos a propuesta de sus presidentes, de
quienes dependen. (p. 26 y 27).
2.2.2 Comités
Regionales:
Costa
y Romero (2010) afirman:
Los comités regionales son órganos
técnico-normativos que estudian la problemática de su jurisdicción y formulan
la política regional, promueven los esfuerzos y evalúan a los comités
provinciales, e informan al Consejo Nacional. Están presididos por el
presidente regional e integrados por las más altas autoridades política [sic],
policial [sic], educativa [sic], de salud [sic], judicial [sic],
fiscal [sic] y defensorial [sic] de la región, así como por los 3
alcaldes de las provincias que concentran el mayor número de electores de la
región. (p. 27).
2.2.3 Comités
Provinciales:
En
aclaración a las funciones que realizan los comités provinciales, Costa y
Romero (2010) aclaran:
Los comités provinciales son órganos
técnico-normativos para la provincia y ejecutivos para el distrito capital o
Cercado. Se encargan de estudiar la problemática; elaboran el mapa del delito y
formulan la política de seguridad ciudadana; formulan y ejecutan los planes en
el Cercado; y evalúan a los comités distritales e informan al Consejo Nacional.
Están presididos por el alcalde provincial e integrados por las más altas
autoridades política [sic], policial [sic], educativa [sic],
de salud [sic], judicial [sic], fiscal [sic] y defensorial
[sic] de la jurisdicción, así como por los 3 alcaldes de los distritos
que concentran el mayor número de electores de la provincia. También están
integrados por un representante de las juntas vecinales y de las rondas
campesinas –donde estas existan-, quienes son elegidos públicamente por el
comité. (p. 27).
2.2.4 Comités
Distritales:
Costa
y Romero (2010) enseñan:
Los comités distritales son órganos
ejecutivos y constituyen la célula básica del sistema. Se encargan de estudiar
la problemática, elaborar el mapa del delito, formular la política y ejecutar
los planes. Son presididos por el alcalde distrital e integrados por las más
altas autoridades política [sic], policial [sic] y judicial [sic] de la
circunscripción. También los integran un representante de las juntas vecinales
y otro de las rondas campesinas -donde las hubiera-, quienes son elegidos
públicamente por el comité. Donde existan centros poblados menores, se
incorporará a dos de sus alcaldes. De acuerdo con la realidad de cada distrito,
se incorporará a representantes de las instituciones civiles y comunitarias que
se considere conveniente. (p. 27 y 28).
3. Clases de crímenes y actos violentos y su variación estadística del
2000 al 2008:
3.1
Acerca de los datos estadísticos en relación a los crímenes, Gushiken et al.
(2010) Sostienen lo siguiente:
En
cuanto al móvil del crimen, este pudo ser determinado en 96,88% de los casos.
El móvil más frecuente, de lejos, fue la violencia interpersonal —riñas y
peleas—, que representó 30,62% de los casos. En segundo lugar se ubican los
actos de delincuencia común, que fueron causa de 18,0% de las muertes, seguidos
por la delincuencia organizada (13,41%) y la violencia intrafamiliar (10,22%).
Recién en quinto lugar aparece la acción policial como causa de 5,65% del total
de muertes, seguida del homicidio culposo, con 5,47%. Otros móviles, entre los
que se encuentra el pandillaje (3,94%), constituyen 13,51% del total de
casos.13 Es interesante notar que si se suman los casos de violencia personal e
intrafamiliar (40,84%), por un lado, y los de delincuencia común y de crimen
organizado (31,41%), por el otro, tenemos que los primeros son más numerosos,
lo que significa que la delincuencia no es la principal causa de los
homicidios. (p. 48 y 49).
3.2
Pandillaje
Según el Centro Internacional para
la Prevención de la Criminalidad (CIPC, 2008) se entiende por pandillas:
•
Un carácter colectivo, que se refiere al comportamiento delincuencial y
criminal de los miembros de las pandillas, más allá de los actos que esos
miembros hayan cometido como individuos.
•
Una asociación con la delincuencia, que lleva a que muchos se refieran a las
bandas como entidades criminales u organizaciones criminales.
•
Una dimensión juvenil, que ha llevado a la Organización Mundial de la Salud
(OMS) a determinar que en general los miembros de las pandillas pueden oscilar
entre los 7 y los 35 años de edad, pero normalmente se encuentran en la
adolescencia y principios de los veinte.
Entre
enero de 2007 y septiembre de 2008 se han registrado 5,318 delitos de 08 tipos
en Lima Metropolitana y Región Callao. Podemos afirmar entonces que cada día
ocurren en promedio 8.44 delitos que tienen a los jóvenes y adultos integrantes
de pandillas y “barras bravas” como autores. Hay que anotar también que los
delitos contra el patrimonio (1640) y las agresiones (1264) registran el mayor
porcentaje de casos reportados a nivel de Lima y Callao con un 30.83 y 23.76
por ciento (%) sobre el total de hechos respectivamente. Destacan también los
hechos de pillaje los mismos que suman un total de 840 casos (16.34%) y los
casos de consumo y micro comercialización de drogas los cuales muestran valores
porcentuales que alcanzan más de 15 por ciento (%) en el primero y de 10.32 por
ciento (%) en el segundo de los delitos referidos15.
Frente
a este problema, también planteamos una alternativa general de respuesta en dos
dimensiones, preventiva y represiva, pero primordialmente preventiva, con
medidas de carácter educativo y de proyección multisectorial, pues la mayoría
de miembros de las pandillas son jóvenes que pueden ser fácilmente resocializados
si les brindan las oportunidades de educación y de trabajo adecuadas. La
dimensión represiva está orientada a acciones policiales para detener a los
principales cabecillas de estas agrupaciones delictivas.” (p. 114-128).
4. ¿Quienes son las víctimas?
4.1
Por sexo:
Gushiken et al. (2010) escriben:
Esta
variable, sin embargo, se comporta de manera diferente según el sexo y la edad
de la víctima. Si bien la violencia interpersonal y la delincuencia común son
móviles que tienen una importancia similar en los homicidios de hombres y
mujeres —alrededor de 30% y 18%, respectivamente—, la violencia intrafamiliar
adquiere un mayor protagonismo en los homicidios de mujeres comparados con los
de hombres. En efecto, es causa de más de la cuarta parte (26,3%) de los
homicidios de mujeres, mientras que llega apenas a 5,8% en los homicidios de
hombres.
En
cambio, la delincuencia organizada y el pandillaje son móviles con peso
relativo mayor en los casos de homicidios de varones. La delincuencia
organizada explica 15,3% de las muertes de hombres y solo 6,1% de las muertes
de mujeres, en tanto que el pandillaje es causa de 5,2% de los homicidios de
varones, y llega apenas a 0,5% en el caso de las mujeres. (p. 49-50).
4.2
Por edad:
Al tocar el tema de las edades de las víctimas en
Lima, Gushiken et al. (2010) sostienen:
La
violencia interpersonal es el móvil de mayor importancia en los homicidios de
personas de 10 a 39 años; es la causa de una tercera parte de estas muertes. En
los rangos siguientes, su peso relativo disminuye progresivamente, pero no baja
del segundo lugar. La violencia intrafamiliar es el principal móvil en los
homicidios de menores de 10 años: explica casi las tres quintas partes (57,89%)
de estos eventos. En los demás rangos etarios, mantiene porcentajes entre 6,5%
y 8,7%, con un ligero aumento en el rango de más de 60 años.
La
delincuencia, tanto común como organizada, muestra un incremento progresivo a
medida que se avanza en edad. Así, la delincuencia común es el principal móvil
de los homicidios de personas mayores de 50 años —39% en el rango de 50-59 años
y casi la mitad en mayores de 60 años—. La delincuencia organizada aumenta su
peso hasta el rango de 40-49 años, en el que es el móvil de la cuarta parte de
los eventos. Luego su participación disminuye a 20,3% en el rango de 50-59
años, y a 12,86% en mayores de 60 años. El pandillaje como causa de homicidios
es un fenómeno fundamentalmente juvenil: afecta en forma casi exclusiva a adolescentes
(10-19 años) y a adultos jóvenes (20-29 años), rangos en los que es causa,
respectivamente, de 15,2% y 9,0% de los homicidios. (p. 51).
5. El deterioro de la seguridad en el
Perú
Gushiken et al. (2010) enseñan:
En
el Perú, al igual que en lo que era el departamento de Lima, la tasa de
homicidios descendió rápidamente, luego de alcanzar su pico en 1993, en pleno
conflicto armado interno. En ese año, la tasa nacional de homicidios fue de
17,2 por 100.000 habitantes, mientras que en Lima fue de 40,5. Durante los seis
años siguientes, la tasa descendió vertiginosamente hasta alcanzar, en 1999,
5,1 y 4,0 —la tercera y la décima parte de su valor—, respectivamente. La tasa
continuó decreciendo, aunque paulatinamente, hasta el 2002, año en el que
alcanzó valores de 4,2 para el país y de 2,4 para Lima. Sin embargo, de ahí en
adelante, según los datos de la Policía Nacional del Perú (PNP), ambas tasas se
han incrementado de manera importante, llegando a situarse en el 2007 en 10,3 y
9,2, respectivamente. Cuando este trabajo se encontraba en la etapa de edición
final, la Policía dio a conocer las cifras de homicidios para el 2008 (…);
según esta información, el número de homicidios siguió subiendo a nivel
nacional, pero descendió en Lima. En efecto: el último año, la tasa nacional se
ubicó en 10,9; y la de Lima, en 7,0. (p. 14-15)
6. ¿Qué
hacer y qué se está haciendo?
6.1
El Problema:
En el libro,
Ortiz (2000) reitera que el grupo Task Force evaluó las deficiencias de la PNP
que se limitan a cumplir eficazmente su labor, como la falta de información
para afrontar las necesidades y gastos de recursos materiales y humanas, siendo
asi una del dificultades para el accionar de la Policía.
En el texto, Ortiz (2000) ratifica que usualmente
los miembros de serenazgo no tienen
capacitación, las condiciones y las relaciones de trabajo son poco formales. La
mayoría de distritos con serenazgo esta en capacidad de reponer equipos con sus
propios recursos. No existe coordinación interdistrital, ni siquiera centrales
telefónicas y con el tema de la información no se produce algún dato
estadístico sobre el número de vehículos, de serenos, esta información sería
útil para que la PNP asigne recursos a las comisarias.
6.2
San Isidro:
Respecto a las mejoras en el sistema de
seguridad en el distrito de San Isidro, Costa, Romero y Moscoso (2010)
sostienen que:
Pese
a que en San Isidro se venía incrementando aceleradamente la actividad
delictiva, el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de la gestión anterior al
2007 no se reunía periódicamente ni trabajaba en forma coordinada. En mayo de
ese año, Antonio Meier, el nuevo alcalde, lo reactivó. Dos fueron sus
prioridades: primero, integrar el trabajo del municipio, la Policía, la
fiscalía, el juzgado, las instituciones educativas, los centros de salud, la
Defensoría del Pueblo y las juntas vecinales. Y segundo, establecer un sistema
de información acerca de la violencia y el delito. Entre sus principales logros
se puede mencionar que se ha creado el Observatorio Unificado de Información
Estadística, que procesa información de la Policía, los centros de salud, el
Serenazgo, la Policía Municipal y la Defensoría Municipal del Niño y el
Adolescente. También se nutre con las imágenes de las 132 cámaras de
videovigilancia que se han instalado en las principales arterias del distrito.
(p. 30).
6.3
La Molina
Costa et al. (2010) afirma:
(…)
en el 2006 se diseñó e implementó una estrategia que promueve que los vecinos
participen en la seguridad ciudadana dando la voz de alarma cuando se produce
un delito o se observan actitudes sospechosas. Obviamente, la idea no es dejar
solos a los vecinos, sino que ellos se sientan permanentemente acompañados por
el municipio y la Policía. Como parte de la estrategia, se han instalado cinco
alarmas sonoras con altavoces en postes de alumbrado público de zonas
estratégicas. Estas alarmas, además, se comunican directamente con la central
computarizada del Serenazgo. Si se produce un robo o algún movimiento
sospechoso, los vecinos —capacitados y organizados en juntas de seguridad— o
los vigilantes particulares activan las alarmas por control remoto. Una vez que
recibe la voz de alerta, la central computarizada —que funciona las horas del
día— reporta el incidente a la unidad móvil más cercana al lugar de los hechos,
la cual llega en un máximo de dos minutos. Las unidades móviles están
integradas por policías y serenos. (p. 56).
6.4 Municipalidad
Metropolitana de Lima:
En relación a las mejoras implementadas
en la Municipalidad Metropolitana de Lima, Costa et al. (2010) explican:
La
falta de coordinación entre los municipios de distintos distritos era un factor
que favorecía las actividades delictivas, pues a quienes operan al margen de la
ley les resultaba relativamente fácil evadir la acción de las fuerzas del orden
—sobre todo de los Serenazgos— desplazándose de un distrito a otro. Tomando en
cuenta esta situación (…) la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la
Municipalidad de Lima Metropolitana lanzó el plan Serenazgo sin Fronteras, que
consiste en el trabajo coordinado entre su propio Serenazgo y los de otros
municipios distritales, labor en la que además participan la Policía Nacional,
el Ministerio Público y las juntas vecinales. Hasta la fecha, son ocho
municipios distritales los que se han sumado a esta estrategia: San Martín de
Porres, Pueblo Libre, Rímac, Lince, El Agustino, La Victoria, Jesús María y
Breña. Las actividades conjuntas desarrolladas son, principalmente, el
patrullaje conjunto —en automóviles, motocicletas, a pie y con la brigada
canina—, la capacitación de los serenos, la integración de las bases de datos
sobre incidentes de seguridad y el uso de un sistema uniforme de telefonía.
Así, de cero intervenciones conjuntas en casos de delincuencia común,
pandillaje y prostitución callejera y clandestina a comienzos de año, se ha
pasado a 1.000 a fines de abril. (p. 34).
6.5
El Congreso
Ortiz de
Zevallos (2000) declara:
Desde hace
varios años están pendientes de aprobación en el Congreso las modificaciones a
la Ley Orgánica de la Policía. Los puntos cruciales de dicha ley son la
titularidad del pliego presupuestal y la relación con las municipalidades.
Existen algunos casos en la ciudad de Lima donde se desarrollan exitosas
experiencias de coordinación con los serenazgos u organizaciones vecinales que
debieran aprovecharse (p.23).
Referencias
Ortiz de Zevallos, G.,
Pollarolo, P., Balbi C., Costa G., Eyzaguirre H. (2000). AGENDA PARA LA PRIMERA DÉCADA (1ra ed.). Lima: Instituto APOYO.
Centro Internacional para la
Prevención de la Criminalidad (CIPC). “Compendio
internacional de prácticas sobre prevención de la criminalidad para fomentar la
acción a través del mundo”. Montreal: CIPC, 2008.
Costa, G., Romero, C. & Moscoso, R.
(2010). ¿Quién la hace en seguridad
ciudadana? (1ra. Ed.) Lima: Ciudad Nuestra.
Costa, G.
& Romero, C. (2010). Inseguridad ciudadana en Lima ¿Qué hacer? (1ra.
Ed.) Lima: Ciudad Nuestra.
Costa, G.
& Romero, C. (2011). Inseguridad
en el Perú. ¿Qué hacer? (1ra. Ed.) Lima: Ciudad Nuestra.
Gushiken, A., Costa, G., Romero, C.
& Privat, C. (2010). ¿Quiénes son asesinad@s en Lima? ¿Cómo, cuándo y
por qué? (1ra. Ed.) Lima: Ciudad
Nuestra.